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Trabajadores Sociales urgen al Poder Ejecutivo a reevaluar la asignación presupuestaria en educación, garantizando el cumplimiento del 8% establecido por la Constitución.

El Colegio de Trabajadores Sociales expresa su profunda preocupación por la reducción del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública, y advierte que estamos ante la debilitación de un derecho humano fundamental.

Para los trabajadores sociales, es claro que esta situación limita las posibilidades de acceso y permanencia de las personas estudiantes, en el sistema educativo, pero además, tiene efectos perjudiciales en la calidad y equidad de la educación, afectando tanto el desarrollo individual, como el colectivo, lo que traerá consecuencias negativas para el país en el mediano y largo plazo.

El Colegio de Trabajadores Sociales recuerda que la educación es uno de los recursos más valiosos para reducir las brechas sociales, actuando como un factor protector contra la violencia, y brindando herramientas fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables.

Sin embargo, el Colegio denuncia que esta situación, junto a la reducción de la inversión social y la priorización del equilibrio financiero, está descuidando a los sectores más vulnerables, y condenándolos a repetir patrones de exclusión, pobreza y desesperanza.

La representante del Colegio de Trabajadores Sociales, Marina Cruz, señaló:

La disminución en la inversión pública en educación, tiene como consecuencia directa la afectación de diversos aspectos esenciales para el acceso a la educación, como becas, comedores y subsidios de transporte, así como el deterioro de la infraestructura educativa. Además, se incrementa la escasez de recursos materiales, tecnológicos y equipamiento; se agrava la desigualdad en las zonas rurales y costeras, y se produce una disminución en las condiciones laborales del personal docente; todo esto, puede desencadenar en un aumento de las tasas de abandono escolar y exclusión”.

De acuerdo con la experta, la reducción del presupuesto de educación también genera desajustes en las habilidades necesarias para la inserción laboral, recorta recursos para la investigación y la innovación, y aumenta la fragmentación social y la polarización.

Ante esta situación, el Colegio de Trabajadores Sociales hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo, para que reevalúe la asignación presupuestaria en educación, garantizando el cumplimiento del 8% establecido por la Ley como mínimo constitucional, con el fin de asegurar el derecho a la educación para todas las personas.

Asimismo, insta a la sociedad costarricense a exigir la implementación de los mecanismos necesarios, que conviertan el acceso a la educación en un verdadero compromiso nacional.

El Colegio advierte que el país enfrenta una realidad marcada por la inseguridad social, donde las personas se ven expuestas a una escalada de violencia y a condiciones que perpetúan la pobreza.

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