Trabajadores Sociales también exigen un alto a los discursos de odio.
Aprovechando el origen histórico del Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Trabajadores Sociales alza la voz contra las múltiples manifestaciones de violencia que siguen arrebatando la vida y los derechos de las mujeres en nuestro país.
Este gremio denuncia que las leyes vigentes siguen siendo insuficientes para garantizar una protección efectiva a las mujeres y niñas, pese a los avances normativos registrados en años anteriores.
En 2024, Costa Rica registró 30 femicidios y, en lo que va de 2025, ya se han contabilizado 11 casos más, dejando a más de 45 menores huérfanos.
El año pasado también registró más de 4,000 casos de abuso sexual y 5,000 de violencia psicológica contra mujeres, lo que evidencia el alarmante aumento de la violencia de género en suelo nacional.
La situación es aún más preocupante, cuando se toma en cuenta que, en 2024, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) notificó más de 23,000 casos de violencia, afectando principalmente a niñas y adolescentes.
El Colegio denuncia que, pese a los avances legislativos, la violencia machista sigue vigente en todas sus formas, incluidas aquellas que permanecen invisibles, pero, que continúan perpetuando el miedo, la discriminación y la opresión.
“La impunidad, junto a la falta de implementación efectiva de políticas de prevención y protección, fortalece un sistema que sigue favoreciendo a los agresores y revictimizando a las mujeres víctimas de violencia. Recordemos que, cuando las leyes no protegen, las vidas de las mujeres están en riesgo”, dijo Gloriana Brenes, representante de dicho gremio.
Asimismo, los crecientes discursos de odio que se difunden en diferentes ámbitos de la sociedad, desde lo político hasta lo mediático y digital, legitiman la violencia y ponen en riesgo la vida de mujeres y niñas.
Esos discursos, que en ocasiones son promovidos por figuras públicas, no solo refuerzan estereotipos y prejuicios, sino que también, incitan y justifican la violencia, responsabilizando a las víctimas en lugar de cuestionar y transformar las condiciones estructurales que permiten que la violencia persista.
Ante esta realidad país, este cuerpo colegiado exige a las autoridades:
- La revisión y reforma de las políticas de protección a las mujeres para garantizar su efectividad y acceso real a la justicia.
- Acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia machista en todos los ámbitos de la sociedad.
- Un alto a los discursos de odio y la complicidad de quienes los permiten y difunden.
- Estrategias que frenen la revictimización y el control sobre las mujeres en redes sociales y en la esfera pública.
Finalmente, los Trabajadores Sociales reprochan que las redes sociales se hayan convertido en una herramienta más de vigilancia, intimidación y ataque contra las mujeres que denuncian, ejercen su derecho a la libre expresión o simplemente, existen en el espacio público digital.
