» Por Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca – Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
La conmemoración del llamado orgullo LGBTIQA+, en el mes de junio, deviene del estallido revolucionario en Nueva York – Estados Unidos, llevado a cabo por grupos de personas con estas orientaciones, identidades, expresiones y cuerpos, quienes se encontraban expuestas a un escenario de vulnerabilidad propiciado por el mismo Estado.
Ese contexto, tuvo como principal propósito y consecuencia, el despojar del ejercicio pleno de los derechos, desdibujar toda dignidad y valor humano, y, por tanto, asegurar su total invisibilización, lo cual, se vivencia como una muerte social, que se mantiene hoy.
Garantizar escenarios de inclusión, equidad e igualdad, desde los cuales, se reconozca la diversidad como parte de la esencia misma de las personas, es coherencia con las ratificaciones y la legislación vigente a nivel país, por ello, se carece de criterio legal que justifique el menosprecio social, la violencia y la discriminación hacia las personas de la comunicad LGBTIQA+.
Sin embargo, la carencia histórica perpetuada, es la comprensión social de la sociedad hacia la diversidad humana, en la cual, la norma impuesta desde los sistemas de dominación se apega al binarismo y la heteronormatividad, sesgando así la diversidad con un claro contenido político.
Aportar insumos actualizados de estadísticas a nivel país, en cuanto a esta población, es un reto, pues los datos son insuficientes. Por ello, el binarismo se mantiene en los procesos de consulta, pues se carece de estadísticas oficiales que permitan identificar la cantidad de población LGBTIQA+, el estado de sus derechos u otros elementos que permitan garantizar su bienestar a nivel país.
En esta línea, es requerido comprender que la historia nacional y latinoamericana deja en evidencia un hecho social que ha ocurrido en los últimos años: los avances en materia de protección de derechos de la población LGBTIQA+, se encuentran en retroceso y cuestionamiento.
Por tanto, se afirma que una de las principales amenazas, necesaria de reconocer por el Estado y la sociedad costarricense, es justamente el contexto político y social que tiene por objetivo cuestionar, retroceder e invisibilizar la existencia social de este grupo poblacional.
Esto se refleja en:
- Descartar el proyecto de Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex.
- Dejar en pausa la figura de la persona Comisionada de Inclusión social (que entre otros temas, abordaba la violencia y la discriminación contra las personas LGBTIQA+).
- No concretar la prohibición legal de las terapias de conversión y del establecimiento de restricciones ante la intervención quirúrgica innecesaria de las personas menores de edad con cuerpos intersexuales.
- La inacción estatal ante recomendaciones de diversos comités de las Naciones Unidas, como promover el acceso de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, al empleo formal.
- No reforzar las campañas contra el discurso de odio, el hostigamiento, la intimidación y las imágenes negativas contra las personas menores de edad lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El Trabajo Social como profesión, responde, entre otros, a la democracia participativa, el respeto a la diversidad, la emancipación social, la justicia social, la autonomía, la equidad de género, la solidaridad, la atención y la prevención.
Reiteramos que, si bien cada persona tiene el derecho de tomar una posición al respecto, aplicable a su propia vida y esfera social, esto no exime del deber profesional y ético-político del gremio, de respetar y promover el acceso a derechos, dado que no existe argumento alguno – ni moral, ni religioso, ni cultural, ni ético – que justifique el menosprecio por la vida de la población LGBTIQA+, y por tanto, las acciones de invisibilizarían y no reconocimiento que apuntan a asegurar la muerte social de esta población.
