Mariangel Sánchez Alvarado
Representante del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.
El proyecto de jornadas laborales 4×3, lejos de representar un avance hacia una mayor equidad o bienestar, constituye un retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud física y mental.
La propuesta ha sido presentada como parte de un proceso de modernización laboral, sustentada en discursos que apelan a la competitividad, la atracción de inversiones y la flexibilidad del empleo. No obstante, detrás de esta retórica aparentemente innovadora, se ocultan los intereses de sectores empresariales poderosos, particularmente transnacionales vinculadas a la manufactura tecnificada, zonas francas y servicios globales.
Estas empresas requieren modelos de organización del trabajo que maximicen la productividad a bajo costo, reduciendo así sus obligaciones sociales y laborales. La llamada «modernización» que se propone, responde más a una lógica de acumulación intensiva, que al bienestar de quienes viven del trabajo.
En este contexto, resulta esencial problematizar la aparente voluntariedad con la que se plantea esta reforma. Se ha argumentado que las personas trabajadoras podrán elegir si se acogen o no a la jornada 4×3.
Sin embargo, en un país donde persiste un alto nivel de desempleo estructural, donde las relaciones laborales están marcadas por profundas asimetrías de poder y donde la rotación laboral es frecuente, esta supuesta voluntariedad se convierte, en la práctica, en una imposición encubierta.
La necesidad de conservar un empleo o acceder a uno, obliga a muchas personas a aceptar condiciones que vulneran su derecho a un trabajo digno, equilibrado y saludable. La idea de elección individual se diluye frente a la realidad de un mercado laboral que expulsa y castiga a quienes no se adaptan a sus nuevas reglas de juego.
Los riesgos que conlleva esta propuesta, son múltiples, y han sido ampliamente documentados por organismos internacionales. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han advertido sobre los impactos negativos de las jornadas laborales extendidas.
Estas jornadas se asocian con un aumento significativo en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, ansiedad, depresión y otros problemas vinculados al estrés laboral crónico.
Una jornada laboral de doce horas, no solo deteriora la salud física y mental, sino que impide el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el descanso, el autocuidado, la educación, la recreación y la participación en la vida comunitaria.
Desde una perspectiva de género, la afectación es aún más profunda para las mujeres, quienes continúan siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, al dedicar más del doble de tiempo que los hombres, a estas actividades, según el INEC.
En este contexto, imponer jornadas laborales de doce horas, sin el respaldo de un sistema público de cuidados robusto, con cobertura universal y atinente a las necesidades de las personas en situación de dependencia, constituye una forma de violencia estructural y profundiza las barreras que enfrentan las mujeres para su desarrollo profesional, su autonomía económica y su participación plena en el ámbito laboral.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, tenemos claro que no se trata de oponerse al cambio, sino de exigir que los cambios respondan a criterios de justicia social, sostenibilidad y equidad.
Enfatizamos que la verdadera modernización debe partir del reconocimiento del trabajo, como un derecho humano, y con condiciones dignas y no determinadas solamente a las leyes del mercado. Flexibilizar no puede ser sinónimo de precarizar; invertir no puede significar mayor explotación.
