Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Costa Rica analiza con
preocupación visita del Presidente Nayib Bukele a nuestro país y al Centro de
Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (“La Reforma”)
El Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Costa Rica reafirma su compromiso con
el bienestar de la sociedad y la dignidad de cada ser humano. La función principal del Estado
y la política debe ser la promoción de la justicia social, la equidad y la protección de los
derechos humanos, elementos centrales para alcanzar el bienestar social y el respeto a la
dignidad humana. Sin embargo, nos enfrentamos a un contexto desafiante donde enfoques
neoliberales contradicen estos principios fundamentales y se distancian de los valores que
definen nuestra profesión.
Lo primero que debemos tener claro es el contexto del neoliberalismo; el cual está basado en
la desigualdad social y la exclusión, donde se reformulan instrumentos de control social para
expandir la actuación del sistema penal en la criminalización y en consecuencia el
encarcelamiento de las poblaciones vulnerables.
El enfoque neoliberal y las posiciones del Presidente Bukele riñen con nuestro Estado de
Derecho y con los valores fundamentales de nuestra profesión, especialmente en lo que
respecta al bienestar humano, el respeto a la dignidad y la defensa de los derechos humanos.
Este enfoque ignora los efectos adversos de la violencia estructural ejercida por el Estado y
sus repercusiones en la sociedad, particularmente en las poblaciones más vulnerables. En
cambio, las nuevas vertientes de la criminología promueven una justicia restaurativa y de
mayor humanidad.
Las políticas penitenciarias contemporáneas en El Salvador deben ser analizadas desde la
criminología crítica, el “derecho penal del enemigo” y las formas de atender la criminalidad,
que lejos de ser un “modelo” para Costa Rica; deben ser sujetas de reflexión y discusión ético política.
Es importante recordar que la violencia originada desde el Estado tiende a
incrementar la violencia en la sociedad, así como sus respuestas reactivas.
La inseguridad social se entiende entonces como efecto de la violencia urbana producto
de la pobreza, que pasa a ser un “enemigo” del Estado, y no como resultado de la
ausencia de éste, en las políticas públicas en el contexto del capitalismo.
Desde el Trabajo Social entonces, reconocemos que necesariamente para comprender el
fenómeno de la criminalidad en la actualidad, no podemos desvincularlo de los procesos
de exclusión social y económicos, que el mismo neoliberalismo produce.
Sin embargo, en el siglo XXI, las élites neoliberales necesitan que el castigo vaya más allá
del concepto legal de delito, privilegiando los discursos de encarcelamiento en masas;
siendo El Salvador un ejemplo claro.
El hacinamiento carcelario forma parte de la estrategia neoliberal de control social, que
se coloca como la “supuesta respuesta efectiva” a la inseguridad, la cual se nos hace creer
es culpa de un nuevo enemigo: el “criminal peligroso”; quien no debería tener derechos o
garantías jurídicas, incluso llegando a cuestionar su reconocimiento como persona, lo
que conlleva a suprimir no sólo sus derechos fundamentales sino su propio exterminio.
(Estrela et al., 2021).
Es en este contexto que el gobierno de El Salvador ha adoptado una política de silencio y
ocultamiento de información sobre la situación carcelaria. Algunas familias han
reportado haber tenido que reconocer cadáveres en fosas comunes, tras no ser
informadas de la muerte de sus familiares privados de libertad mientras se encontraban
detenidos.
La visita del presidente Nayib Bukele al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo
Montero Castro (anteriormente conocido como “La Reforma”), divulgada 7 de noviembre
de 2024 en medios de comunicación nacionales, es motivo de profunda preocupación,
debido a que las políticas criminales y penitenciarias de El Salvador no deben replicarse
ni en Costa Rica, ni en Latinoamérica, ni en el mundo.
Desde el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales hacemos un llamado a detener
el populismo criminológico que no resuelve la cuestión criminal; el modelo de las
políticas penitenciarias no puede aspirar a ser una operación de una tecnología de poder
que produce la muerte a través de un ejercicio sistemático de la violencia y el terror;
configurando campos donde los derechos se suspenden y los cuerpos de las personas
son reducidos a cosas. (Mbembe, 2006, p. 34).
Hacemos un llamado a la sociedad civil y a instituciones públicas, como el Ministerio
de Justicia y Paz, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y la Asamblea Legislativa, para que se
aseguren de que el sistema penitenciario en Costa Rica no siga el camino del
abandono de políticas públicas, la violencia, la corrupción y el hacinamiento,
tendencias que han proliferado desde la instauración del modelo neoliberal. Como
sociedad, debemos promover medidas que modifiquen las condiciones
estructurales relacionadas con la delincuencia violenta y que fomenten una justicia
más equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
“Combatir la necropolítica estatal no es otra cosa que la
materialización de los ideales democráticos, la abolición del
encarcelamiento como principal forma de castigo y la exploración
de nuevos terrenos de justicia basados en la reparación y la
reconciliación, y no en la retribución y la venganza.”
(Bell y Parra, 2016; sp)
Referencias Bibliográficas
Bell, J y Parra, G. (2016). Cárceles de la muerte: necropolítica y sistema carcelario en
Colombia. Pontificia Universidad Javeriana
Estrela, M. L. P., Tannuss, R. W., e Silva Junior, N. G. S. (2021). Política criminal em contexto
neoliberal: a configuração do punitivismo no brasil. Criminologia Crítica, Política Criminal
e Direitos Humanos, (15):15–47.
Mbembe, A. (2006). Necropolítica. En E. Okwui (Ed.). Lo desacogedor. Escenas fantasmas
en la sociedad global (pp. 32-51). Sevilla: Fundación BIACS.
Mbembe, A. (2011). Necropolítica. España: Editorial Melusina.
