Nicaragua y Venezuela suman la mayor cantidad de desplazados
Los conflictos que sufre la región latinoamericana han obligado a millones de extranjeros a salir forzosamente de su país; y gracias a la estabilidad política con la que ha gozado históricamente Costa Rica, el país se convierte en un destino para la migración.
Dicha situación ha hecho que cada vez sean más las ayudades estatales que desde el Gobierno se otorgan a los desplazados del mundo; así lo comprueban los datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dos de las principales instituciones encargadas de atender a dichas poblaciones vulnerables.
Según detalló el IMAS, durante los últimos cinco años se han atendido más de 52.284 millones de migrantes, lo que implicó un presupuesto mayor a los ¢14 mil millones tan solo para el 2024.
La institución especificó que para que una persona sea beneficiaria de un subsidio debe estar residiendo permanentemente en el país; por lo que “en el caso de flujos migratorios, donde el objetivo de las personas es llegar a otro destino como Estados Unidos, el IMAS no cuenta con el alcance jurídico para intervenir mediante subsidios de su oferta programática”.
Sin embargo, pese a que la cifra monetaria destinada a este grupo ha subido millonariamente año con año, la cartera aseguró no contar con proyecciones de cuantos migrantes podrían estar atendiendo los próximos años.
“No es posible realizar una proyección de cuánta población extranjera podría estar en el país en los próximos años, debido a que el tema de las migraciones es complejo y sus variables no se pueden determinar con exactitud, además, no está dentro de las funciones del IMAS realizar este tipo de análisis”, destacó.
Niños son grupo vulnerable
Desde el 21 de septiembre de 2023 hasta el 7 de julio de 2025, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha atendido a 427 personas menores de edad en condición migrante.
Las cifras muestran que los adolescentes de entre 12 y 17 años son el grupo más afectado, con 228 casos, es decir, más de la mitad de la población infantil migrante atendida. Le siguen 124 menores en la primera infancia (0 a 6 años) y 75 en la segunda infancia (7 a 11 años).
Según indicó el patronato a este medio, cuando ingresa una denuncia el personal se desplaza al lugar para realizar el abordaje, siguiendo el Modelo de Gestión de los Procesos Atencionales y el Protocolo de Negligencia.
“Se realiza una valoración del riesgo y de los factores protectores para tomar una decisión técnica, que puede ir desde el archivo del caso, su seguimiento o el dictado de una resolución administrativa. En el caso de personas migrantes, se les explican los alcances de la legislación costarricense en materia de defensa y garantía de los derechos de las personas menores de edad”, detalló la institución.
Por parte del IMAS, la cartera especificó que en cuanto a subsidios “pueden ser beneficiaras las personas menores de edad en el territorio nacional, independientemente de su situación migratoria”.
Los nicaragüenses son el grupo más grande que recibe subsidios.
Atención es obligatoria
En conversación con Diario Extra, diversos analistas de los Derechos Humanos destacaron que Costa Rica tiene la obligación de atender a dichas poblaciones vulnerables, esto debido a que son los entes rectores dentro del territorio nacional.
Daniel González, coordinador de Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y las Adolescencias de la Universidad de Costa Rica (Pridena), destacó que pese a ello, la atención no puede recaer únicamente en esa institución, sino que debe existir una articulación interinstitucional más fuerte para garantizar los derechos de esta población.
“Estamos frente a grupos familiares que, por cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, ahora se ven forzados a retornar. Muchos de ellos, que antes buscaban llegar al norte, hoy se ubican en semáforos pidiendo dinero, algo que no debería ocurrir. Ahí el Estado costarricense en su conjunto debe dar una respuesta”, comentó.
El experto explicó que, aunque el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) funciona como un espacio temporal seguro para estas familias, debería haber más centros de este tipo en diferentes puntos del país.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya reconoció el cuido como un derecho humano. No basta con una atención inmediata, se necesitan espacios que garanticen educación, salud, alimentación y acompañamiento para estas familias en tránsito. Pero para ello se requieren recursos”, concluyó.
Por su parte, el Colegio de Trabajadores Sociales destacó que, si bien el presupuesto pareciese ser alto, esto representa solo un 5% del total de beneficiarios del IMAS, un reflejo de la vulnerabilidad de esta población.
“El hecho de que solo un 5% de la población beneficiaria sea migrante no puede interpretarse como una “carga” para el Estado Social de Derecho, sino como un recordatorio de que aún existen desigualdades y limitaciones en la inclusión plena de la población migrante en las políticas sociales”, comentó Mariángel Sánchez, vocero del ente agremiado.
Sánchez agregó que esta población representa un reto para las políticas públicas, ya que se debe “asegurar que reconozcan la diversidad y las realidades específicas de la población migrante, sin caer en prácticas de segregación o discriminación”.
En general, los expertos señalan la necesidad de que este apoyo estatal se mantenga vigente, esto como una ayuda a que aquellas personas que fueron desplazadas de su país de origen no vivan condiciones de exclusión en Costa Rica como su nuevo hogar.
¿Quiénes pueden recibir subsidios?
• Hogares constituidos por personas extranjeras, con una condición migratoria regular residente legal, refugiada y solicitante de refugio.
• Familias constituidas por personas con una condición migratoria irregular, únicamente cuando tengan personas menores de edad a su cargo o se encuentren en estado de gestación.
• Hogares con una condición migratoria irregular conformado por personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas víctimas de violencia o emergencias.
Fuente: IMAS
Mariángel Sánchez
Colegio de Trabajadores Sociales
“Es necesario comprender que esto refleja tanto la vulnerabilidad social que enfrentan estas personas como las barreras estructurales de acceso a derechos que atraviesan por su condición migratoria”.
Daniel González
Investigador UCR
“Lo que hoy vemos en los semáforos pudo haberse prevenido si existieran políticas públicas más sólidas y mayor inversión en prevención. El problema es que no se reciben los recursos suficientes para trabajar, y es algo que debemos replantear”.
