Colegio

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Interpretación

BUZON JURIDICO - INTERPRETACION     
        
COMENTARIOS DE VOTOS:

Voto 830 – 2004:
En este voto la Sala reitero algunos aspectos referentes al Debido Proceso, como los  órganos de los Colegios Profesionales como el Tribunal de Honor debe respetarlo, pues  "... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada." "... el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa...".


Voto 13524 – 2000:
La Sala reconoce la competencia de  los Colegios Profesionales para fijar tarifas mínimas, pues ante una queja contra el Colegio de Químicos estableció:  “De los documentos que acompañan al memorial de interposición del recurso, se desprende que a contrario de lo que sostiene el amparado, el acuerdo adoptado por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, no tiende a restringir la venta y compra de los productos cuya comercialización está autorizada –según su dicho- en el país, sino más bien, a regular la realización de análisis sanguíneos al público asistente a las llamadas “Ferias de la Salud”, que llevan a cabo farmacéuticos y otras personas no profesionales en microbiología y química clínica, y por cuyo resultado se cobra una determinada cantidad de dinero, ya que dicha actividad podría configurar –a juicio del colegio recurrido- un ejercicio ilegal de la profesión de microbiología y química clínica, en cuyo caso procederán a plantear las denuncias correspondientes al Ministerio Público para que investigue el caso (ver documento a folio 07 del expediente). Que en virtud de lo anterior, la Sala no observa que se configuren las violaciones alegadas por el recurrente, pues el acuerdo impugnado lo que tiende es la regular la realización y cobro de exámenes clínicos por profesionales aparentemente no autorizados para tal efecto –lo cual es una de las funciones esenciales de todo colegio profesional- y no a restringir la libertad de comercio o el derecho a los consumidores a conocer los denominados equipos de pruebas rápidas de diagnóstico de laboratorio.”


Voto 15188 – 2003:
En este caso la Sala de manera clara estima como constitucional el que se publiquen listas de profesionales suspendidos, pues estima: “que la publicación en diarios de circulación nacional de la suspensión de que fue objeto el recurrente (…) no viola sus derechos fundamentales, antes bien, va encaminada a proteger el interés público de los usuarios.  Por otra parte, la no emisión del carné al recurrente es una consecuencia de su suspensión en el ejercicio de la profesión, pues para su emisión el profesional debe estar habilitado para ejercer la profesión, lo que no sucede en el caso del recurrente, motivo por el cual la negativa a extenderle el carné por parte del Colegio de Abogados no resulta arbitraria ni lesiva de derecho fundamental alguno, no obstante los inconvenientes que ello represente para el interesado.  En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.”


Voto 01011 – 2004:
Aquí la Sala establece los alcances del derecho a la información en una sociedad democrática, lo cual hace en los siguientes términos: “En cuanto al régimen que contiene el derecho a la información, es necesario indicar que el artículo 29 de la Constitución Política permite la comunicación de pensamientos de palabra o por escrito y su publicación, sin previa censura, garantía que se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución que prohíbe la persecución por el ejercicio de esa libertad, al señalar que “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”. No obstante, tal y como ha explicado esta Sala en múltiples ocasiones, el ejercicio de la libertad de información no es ilimitado, pues ello podría prestarse para propagar falsedades, difamar o promover cualquier tipo de desórdenes y escándalos. Es por ello que la libertad de información trae aparejado un límite que establece el mismo artículo 29 de la Constitución en cuanto indica: “serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derechos, en los casos y del modo que la ley establezca”. En sentido similar, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 expresa que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13 se refiere a libertad de pensamiento y de expresión en los siguientes términos: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derecho o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral pública (...)”. Es claro que esta norma tiene también la peculiaridad de establecer la responsabilidad por irrespetar los límites indicados al señalar que las leyes reglamentarias deben asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”


Voto 5483 – 95
En este fallo la Sala desarrolla su posición frente a la Colegiatura Obligatoria, tesis que ha reiterado a lo largo de los años:  “LA COLEGIATURA OBLIGATORIA.- Adoptada la posición anterior por la Sala, que en realidad obedece a la tradición jurídica del país y que se fundamenta en la mayoría de la doctrina del Derecho Constitucional y Público, en el sentido de la naturaleza pública de los Colegios profesionales, se impone la necesidad de delimitar, en términos generales, el ámbito del funcionamiento y los límites que encuadran a estos entes. En el Derecho costarricense, son notas características de la personalidad jurídica pública de los Colegios las siguientes: a) pertenecen a la categoría de corporaciones (universitas personarum), que a diferencia de las asociaciones son creados y ordenados por el poder público (acto legislativo) y no por la voluntad pura y simple de los agremiados. El acto legislativo fundacional señala, invariablemente, los fines corporativos específicos que se persiguen y la organización básica bajo la que funcionará el Colegio; b) la pertenencia obligatoria al Colegio; c) la sujeción a la tutela administrativa; y d), ejercer competencias administrativas por atribución legal. En consecuencia, aunque también se persigan fines privados, que interesan a los miembros que integran el Colegio, las corporaciones participan de la naturaleza de la Administración Pública, pero sólo en cuanto ejercen funciones administrativas. Todo ello conduce, a su vez, a que en el funcionamiento de los Colegios profesionales, puedan éstos representar a sus colegiados frente al poder, ejerciendo, entre otros, la facultad consultiva en todas sus modalidades, ejerciendo la legitimación ante los Tribunales en defensa de la profesión y ejercitando la condición de perito natural en la materia de su conocimiento. También, son competentes los Colegios para darse su propia organización interna (funcionamiento de los órganos superiores : asambleas generales y consejo o junta directiva), por medio de estatutos o reglamentos que aseguren la presencia y continuidad de la corporación en el ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las materias que suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar en la actuación profesional seria, honrada y digna en beneficio de los particulares que utilizan los servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la observancia de normas de ética profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que regula la actividad. En resumen, la atribuciones de los Colegios profesionales involucran la potestad reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y administración en cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, que se concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio profesional. Todo lo anterior, desde luego, se refiere a los Colegios de profesiones tituladas que es el objeto de la acción, advirtiéndose, eso sí, que la Sala no prejuzga sobre la posibilidad jurídica de las otras categorías diferentes que, aunque enmarcadas en el Derecho corporativo y aunque compartan las notas esenciales señaladas, tienen sus propias características y especialidades, como por ejemplo, las cámaras de productores o industriales (caña de azúcar y café) y cualesquiera otras actividades, empleos, facultades, oficios o profesiones no tituladas. Igualmente es relevante señalar que no toda colegiatura puede y debe ser obligatoria; se requiere para que ello sea posible, que la actividad de que se trate, sea en algún grado de importancia, el ejercicio de funciones públicas y de profesiones muy cualificadas por su incidencia social y en general, en los campos en que es imprescindible proteger valores sociales o cuando la colegiatura sea necesaria para la consecución de fines públicos. En otras palabras, el elemento teleológico de un Colegio profesional no es la defensa de los intereses de sus agremiados, sino la defensa de la colectividad. La repercusión que puede tener en la sociedad la actuación de los profesionales, hace que el Estado haga suyo el interés de mantener la cohesión del grupo y ejercer un poder frente a los miembros del Colegio. Sin embargo, conviene precisar que sólo en la medida en que se persigan fines públicos los Colegios profesionales utilizan y ostentan prerrogativas de poder público. VII).- EL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFIA, CIENCIAS Y ARTES. SU CREACION.- La Asamblea Legislativa creó el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes por el decreto legislativo No. 4770 de 13 de octubre de 1972, y el Poder Ejecutivo lo vetó por razones de incostitucionalidad, que al final, no fueron aceptadas por la Asamblea Legislativa. El conflicto fue resuelto de conformidad con el ordenamiento aplicable (artículo 128 constitucional) por la Corte Suprema de Justicia, la que consideró que las disposiciones de ese cuerpo normativo no tenían vicios de constitucionalidad que se acusaban; consecuentemente, el decreto legislativo se convirtió en Ley de la República. Por la importancia que este antecedente tiene para la presente acción, resulta del mayor interés recordar las objeciones de constitucionalidad en las que fundamentó el Poder Ejecutivo su veto. Se consideró que como el Colegio estaría integrado, necesariamente, por profesores de enseñanza media, se produciría un conflicto de potestades con la Administración Pública en la esfera disciplinaria; para el Ejecutivo la existencia de un colegio profesional de empleados o funcionarios públicos suponía la pérdida de sus potestades jerárquicas. Se argumentó, también, que el Colegio atentaría contra los artículos 79 y 80 de la Constitución Política que garantizan la libertad de enseñanza y obligan al Estado a estimular la enseñanza privada. Se expresó que "...la colegiación obligatoria de todo el que quiera enseñar en enseñanza media o superior viola el artículo 79 porque impone la carga de incorporarse al sector público, mediante el ingreso a un colegio profesional de ese mismo sector, para ejercer la iniciativa privada de educar o de gestionar empresas de educación, creando simultáneamente un monopolio de tal iniciativa en beneficio exclusivo de los miembros del colegio, y sujetando a éstos, desde el ingreso mismo, a potestades administrativas de regulación, disciplina y vigilancia que exceden con mucha la mera inspección (del Estado) a que dicha norma constitucional se refiere". La Corte Plena al resolver el conflicto entre Poderes, declaró la constitucionalidad de la ley. Para ello, sostuvo, en síntesis, lo siguiente: a) que la facultad estatal de remoción de funcionarios en torno a servicios, etc., se refiere a situaciones de campos deslindados que tienen órbitas y fines independientes del propiamente educativo; b) que el proyecto de Ley consultado no quebranta los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, pues ni la libertad de enseñanza, ni la iniciativa privada en materia docente, sufren eclipse con la creación del Colegio. Para la Corte Plena la libertad de enseñanza no es tan amplia como se pretende, pues el Estado tiene potestades para ejercer una vigilancia adecuada sobre los establecimientos que se dediquen a actividades docentes, por ser éstas de interés público. Agregó, que en este caso el Estado -por delegación- ejerce vigilancia en lo que concierne a la conducta de los profesores que impartirán lecciones en los centros privados, de tal suerte que la colegiación obligatoria no es más que una forma, doctrinariamente reconocida, por medio de la que el Poder Público interviene para cuidar que ciertos servicios se presten eficientemente. El tema, que retomaremos luego, resulta de interés, ya que como se puede observar, no es la primera vez que los Tribunales competentes deben pronunciarse sobre el objeto de esta acción.”

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